Inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y empieza una etapa incierta por inédita.

             Carlos Salinas de Gortari ejerció a plenitud los hilos del poder. A un académico estadounidense, Robert Pastor, le confió que él fue quien decidió buscar “un bloque económico comercial con Estados Unidos y Canadá”. En México enfrentó pocas resistencias y en los Estados Unidos convenció al presidente George Bush y al establishment de lo afortunados que serían si México fuera tan próspero que les enviaría bienes en lugar de personas y que se modernizaría “a la americana”. Tim Padgett (entonces corresponsal de Newsweek)  argumenta que en parte le creyeron porque “tenía un diploma de Harvard y hablaba inglés. Era igual que un estadounidense”.

                       Fue 1993 la gloria para Salinas. Amo y señor de la política mexicana estaba convencido que su grupo controlaría México durante varios sexenios. Él planeaba irse a presidir un organismo internacional para confirmar el dictamen de The Economist: él era “uno de los grandes hombres del siglo XX”. El 1º. de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN, estalló la rebelión zapatista y se desinfló el globo salinista. El Tratado fue un éxito comercial para sus socios pero sin prosperidad ni igualdad para México. Creció, eso sí, la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada.

             El éxito despertó rencores en un sector estadounidense. Ahora sabemos que Steve Bannon convenció a Trump de transformar al TLCAN y a México en los enemigos multiusos. En la conversación entre Trump y Peña Nieto, el estadounidense mencionó tres pilares del resentimiento: México le está dando a los Estados Unidos una “paliza comercial”, le ha “tundido en la frontera” y lo está “matando con drogas”. Eso es intolerable, añadió.

             El presidente mexicano se mostró hábil. Primero soportó la belicosidad de Trump, luego tejió una telaraña de halago, mesura y razón hasta lograr que Trump metiera sus exigencias al proceso negociador que empieza este miércoles 16 de agosto. En estos días proliferan los pronósticos y análisis y no falta el experto con dotes de vidente que dice tener la receta para una exitosa renegociación; lo único cierto es que la travesía es incierta porque es inédita en varios aspectos. Doy algunas de las razones para esta excepcionalidad.

             Los Estados Unidos también está dividido sobre el TLCAN y México. Hay quienes defienden el comercio, la integración de las cadenas productivas y las aportaciones de los esforzados y mal pagados trabajadores mexicanos. En la esquina contraria están los convencidos de que el Tratado y los mexicanos somos una plaga que infecta la pureza y arruina la digestión de los pueblos de raza blanca. Este sector tiene la ventaja de ser una de las bases políticas más sólidas de Trump. ¿Cuál bando pesará más en los humores del errático Trump? ¿Exigirá a México las inaceptables concesiones que ya esbozó en la conversación con Peña Nieto? ¿Insistirá en que el PRI se someta a la cláusula anticorrupción que los Estados Unidos trae en su pliego petitorio? ¿Aceptarán los empresarios mexicanos el aumento salarial que también quieren?

                       Aunado a esto tenemos la interacción con las elecciones mexicanas. La primera víctima es Luis Videgaray, quien perdió la oportunidad de ser candidato del PRI a la presidencia por su éxito en ganarse la confianza del primer yerno de la Unión Americana. En la conversación entre los dos presidentes, Donald Trump invocó en diez ocasiones a Jared y Luis o a Luis y Jared, quienes eran una especie de Batman y Robin; superhéroes capaces de producir portentos.

             Otro enigma es la reacción de las diferentes fuerzas políticas que no fueron convocadas por el presidente como muestra de unidad. ¿Meterán partidos o candidatos a la renegociación del Tratado y a los Estados Unidos en las campañas? En caso afirmativo, ¿cómo lo harán?, ¿nos sorprenderán con la sensatez y profundidad de sus propuestas?, ¿sacarán del baúl el sentimiento antiamericano exacerbado por la retórica de Trump y sus legiones de fundamentalistas blancos?

             La única certidumbre es la incertidumbre. Lo esencial será dar un seguimiento cuidadoso a los arabescos que irán tejiendo los ires y venires de la renegociación y las elecciones. Se inicia una de las travesías mas impredecibles de nuestra historia. El día está aquí.

 

Twitter: @sergioaguayo

A la memoria del Gran Rius, forjador de conciencias

En materia de seguridad Morena ofrece un listado de buenos deseos. Falta que los transformen en una estrategia integral y regional.

           

            Si las elecciones fueran el próximo domingo, Morena ganaría la presidencia de la República y arrasaría en la Ciudad de México. Tiene sentido revisar la calidad de sus propuestas sobre el tema que más inquieta a los mexicanos. Los “Lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación, 2018-2024” fueron presentados por Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre de 2016. Son impecables porque ¿quién puede oponerse a una verdadera “coordinación entre las corporaciones policíacas”, a evitar el “contubernio entre autoridades y delincuentes”, a respetar la “legalidad y a los derechos humanos”? Son enunciados generosos que carecen de concreción.

 

            En busca del rigor ausente me acerqué a las propuestas de tres de los aspirantes de Morena a gobernar la capital: Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Monreal tiene el documento mejor elaborado. Una visión metropolitana. Proyecto 2.5, está repleto de información útil y enumera con precisión los factores que causan la inseguridad. Sus objetivos son tan ambiciosos como los “Lineamientos básicos” ya mencionados: “disminuir los delitos”, “abatir la inseguridad asociada” con la movilidad, “establecer una relación de confianza entre la sociedad, la policía y la procuración de justicia”, etcétera. En las 45 líneas de acción se desinfla la propuesta: falta visión de conjunto y evade temas cruciales.

           

            Fundamento mi crítica con lo superficial del tratamiento dado al “espacio público”. En una entrevista concedida el 30 de julio a Enrique Hernández de El Weso, Martí Batres prometió un “espacio público con actividad cultural, cívica, deportiva, artística” para lo cual contrataría a “miles de artistas y promotores culturales” que invadirían “todas las plazas y espacios públicos” de la capital. Claudia Sheinbaum añadió que “parte de lo que está diciendo Martí lo hacemos en Tlalpan”. Monreal no estuvo en la cabina de El Weso pero en su libro ofrece “rescatar y mejorar la calidad del espacio público” como parte de la “estrategia de seguridad”.

           

            Los tres precandidatos de Morena evaden un espinoso ángulo. Como argumenta Rodrigo Peña González, un buen número de espacios públicos de la capital y el país están siendo disputados por una multiplicidad de actores, entre ellos el Estado y el crimen organizado. Hipótesis que estamos verificando en investigaciones realizadas en El Colegio de México.

 

            Entre los ejemplos estarían los huachicoleros y empleados de PEMEX que se apropian de la zona federal por donde pasan los ductos, los ambulantes que invaden banquetas y parques, los franeleros que monopolizan lugares de estacionamientos, los mototaxis que vigilan mientras transportan personas y drogas, el microbusero que impone su ley en las vialidades, las inmobiliarias que construyen más de lo debido, los restauranteros que ponen mesas sobre las banquetas, los vecinos que bloquean las calles y avenidas como el único recurso que tienen para ser atendidos, etcétera. Todos ellos transforman el espacio público en privado aprovechándose de un Estado que titubea o se ausenta.

 

            En esos polígonos de penumbra se ha ido infiltrando y asentando el crimen organizado. Por medio de la violencia o del convencimiento construye bases de apoyo social, político y económico aprovechándose, para ello, de la complicidad o la omisión de un buen número de funcionarios. Ignoramos el grado de penetración que han alcanzado en los barrios y delegaciones de la capital, pero ahí están. Por ello resulta irresponsable y frívolo que quienes desean gobernar la capital guarden silencio sobre lo que pasa en los espacios públicos que deberían ser uno de los ejes conceptuales y programáticos para enfrentar la inseguridad.

 

            Batres, Monreal y Sheinbaum forman parte de un partido, Morena, que quiere ser diferente. México necesita mejores gobernantes. Para que lo sean, tienen que abordar con más seriedad temas tan centrales como el de la seguridad. Si no lo hacen, podrán ganar las elecciones pero terminarán emulando los fiascos del PRD en la capital o del PAN en Los Pinos. Los buenos deseos, entiéndanlo, son insuficientes para enfrentar al monstruo de la inseguridad.

 

Twitter: @sergioaguayo

Una semejanza entre el huachicol poblano y los bandoleros de El Ojos es el respaldo social que tienen; éste es un ángulo olvidado del que hace uso el crimen organizado.

                       Los criminales tienen quien los quiera y los respete. En las investigaciones que realizo o coordino desde el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México investigamos y medimos el apoyo social a la delincuencia. La meta es estimar el peso de la pobreza, los resentimientos de clase o la ingesta de violencia en la música y las pantallas, entre otras variables. Ello supone que personas y organizaciones transitan de una opinión favorable, a una organización intermedia para desembocar en la lealtad al patrón que representa el estado paralelo.

             Revisemos, con esa perspectiva, la cobertura periodística sobre la eliminación de El Ojos. Opinión favorable: según un vecino “El Ojos nos apoyaba a todos y siempre había algo de trabajo”. Organización intermedia: los mototaxistas transformados en vigías o mensajeros. Estado paralelo: el vecino comentando que El Ojos impartía justicia (“si a alguien se le ocurría meterse en problemas, se le castigaba, [él] hacía lo que la policía no se atrevía”).

             Es fundamental entender que una parte de la sociedad se opone a la ilegalidad. Lo ilustro con el huachicol poblano. El Popular, diario de aquel estado, informa sobre los vecinos que aseguraron un vehículo con combustible robado y “detuvieron al conductor”. La Jornada de Oriente añade otro caso: “vecinos de Esperanza” acusaron al “presidente municipal y a los policías [de escoltar] a los que roban el combustible”.

             Las mediciones que estamos haciendo permiten asegurar que, dependiendo de la localidad, entre 20 y 30% de la población ya simpatiza con, o trabaja para la delincuencia. Entonces los no partidarios somos mayoría aunque tenemos una gravísima desventaja: buena parte de nuestros gobernantes o niegan el problema o son ineficaces o son cómplices de la delincuencia.

             Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle coinciden en negar y evadir la situación. Mancera es un caso patológico de negacionismo del crimen organizado. Esa es una de las razones del incremento en la inseguridad. Moreno Valle reconocía el robo de combustible o huachicol y durante su gestión Puebla llegó al primero o segundo lugar. Una y otra vez aventó la pelota a otras canchas, es “un tema de carácter federal” o la “gente de Pemex tiene que estar vinculada a este tipo de delitos”. Guardaba silencio sobre la participación de funcionarios poblanos.

             Las negaciones y las evasiones se combaten con información e investigación. El huachicol afecta a 26 entidades (incluida la Ciudad de México) y el Grupo Reforma y las investigaciones publicadas han contribuido a convertirlo en tema de agenda nacional. Entre enero de 2016 y el 29 de julio de 2017 difundió 297 textos al respecto. Es un ejemplo de cómo enfrenta el capital social positivo al negativo.

             Tláhuac se guisa en otros sartenes. Andrés Manuel López Obrador y Morena aciertan en lo coyuntural y se equivocan en lo estructural. El escándalo por El Ojos huele a maniobra del gobierno federal (y a lo mejor capitalino) para golpear a Morena en uno de sus puntos más vulnerables: la ligereza con la cual acepta y arropa a personajes políticos sin ética pública. Más grave todavía es la pobre comprensión que tienen sobre la delincuencia organizada. Grave, porque seguramente gobernarán a partir de 2018.

             Tláhuac y Puebla dejan varias lecciones. Es insuficiente descabezar y fragmentar bandas criminales sin enmarcarlas en una estrategia integral que reconozca las enormes complejidades que tiene la principal amenaza a nuestra seguridad nacional. El crimen organizado, entiéndanlo, tiene una base social con raíces muy sólidas. Al capital social negativo se le combate con tejido social positivo. Diversos estudios confirman que una sociedad bien organizada a favor de la legalidad reduce la criminalidad.

             Urgen acuerdos y convergencias entre la sociedad y el Estado. Algo hemos avanzado, por supuesto, pero es enorme el terreno por recorrer. El próximo año los aspirantes deben tomarse en serio al crimen organizado para renovar la estrategia dialogando con la sociedad. Tláhuac y Puebla ejemplifican las consecuencias de las negaciones y las evasiones.

 

 Twitter: @sergioaguayo

Hay dieciséis exgobernadores encarcelados, prófugos o bajo investigación. Deberían ser más pero esa cifra basta para asegurar que hay cambios en ese ámbito.

             Para institucionalizar la Revolución, el poder central llegó a un entendimiento con los gobernadores. Ellos se encargarían de controlar sus estados pero se plegarían a las decisiones presidenciales. Cuando las protestas sociales rebasaban ciertos límites o se insubordinaban eran rápidamente desaforados u obligados a renunciar. Así funcionaba aquel México.

             Ese régimen se resquebrajó, llegó la alternancia y las entidades empezaron a recibir carretadas de dinero. Creció exponencialmente su autonomía sin que mejorara su calidad. Lo que sí creció fue la voracidad complementada, en algunos casos, con el sometimiento al crimen organizado por miedo o complicidad. Y el resultado es esa lista de la ignominia donde predominan los priistas, pero que también incluye panistas y perredistas.

             Todos proclaman su inocencia utilizando diferentes modalidades. Roberto Borge (Quintana Roo, PRI) infantiliza el lenguaje y dice que “Roberto Borge no es un delincuente”; Rodrigo Medina (Nuevo León, PRI) adopta modales de rey para informar que “no hemos cometido [delito] alguno y lo vamos a demostrar”; Guillermo Padrés (Sonora, PAN) se presenta como patricio ofendido y agrega: Soy un “perseguido político” que enfrenta el infortunio “con la frente en alto”; Tomás Yarrington (Tamaulipas, PRI) va al grano: "Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado”; y los veracruzanos niegan: Fidel Herrera (PRI) dice estar “limpio y [tener] la conciencia tranquila” y Javier Duarte (PRI) califica las acusaciones como “infamias, calumnias, denuncias [sin] sustento”.

             ¿Por qué no tienen efecto pedagógico esas detenciones?, preguntaba Leonardo Curzio en el programa Primer Plano del pasado lunes. La mejor respuesta está en las 900 páginas de las Memorias del político y militar Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí, PNR-PRM-PRI). Es un tratado descarnado sobre las redes de corrupción e impunidad de la política mexicana que el cacique justificaba con dos frases: “la moral es un árbol que da moras” y “en política se vale todo menos perder”. El historiador Enrique Márquez Jaramillo lo investigó y entrevistó y relata el escrúpulo que puso a la hora de reconstruir los asesinatos que cometió, las urnas que se robó, las intrigas en que se metió (el sarcástico Fidel Velázquez comentaría que “intenté leerlas pero me quedé en el muerto número 200”).

             Los exgobernadores actuales vocean su inocencia pero siguen emulando prácticas relatadas por el cacique potosino. Se sienten seguros porque la justicia mexicana rara vez investiga las redes de corrupción, los contextos, las verdades históricas. Los ministerios públicos y los jueces generalmente buscan obtener alguna declaración que permita encarcelarlos por delitos que facilitan su posterior liberación.

             Hay barruntos de cambio y Chihuahua es el adelantado. El gobierno de Javier Corral y buena parte de la sociedad se tomaron en serio documentar y castigar los excesos cometidos por César Duarte. Lo novedoso es que la PGR está actuando. Ya solicitó “una orden de aprehensión contra el exgobernador por los delitos de peculado electoral”. El fiscal especial Santiago Nieto Castillo ya acreditó la transferencia de 15 millones de pesos al PRI y quiere demostrar que fueron 79 millones.

             En el trasfondo hay varios hechos: a) lo principal es el trabajo incansable de periodistas, académicos y activistas mexicanos que han denunciado y combatido a los malos gobernantes; b) también importa la presión ejercida por diversos integrantes de la comunidad internacional; y c) hay políticos y funcionarios que entienden lo corrosiva que puede ser la corrupción y han optado por cimentar sus carreras en combatirla.

             Es aventurado hacer pronósticos optimistas e injusto soslayar que la inconformidad con la deshonestidad de nuestros gobernantes se ha ido transformando en exigencias concretas y muy bien documentadas. De ahí nacen iniciativas tan ambiciosas como #VamosporMás y la reacción que están tomando algunas autoridades. El saldo a favor es de dieciséis exgobernadores tras las rejas, prófugos y en proceso de extradición o investigación. Faltan más. Vayamos por ellos.


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